Instrumento de Ratificación por parte de España del Convenio sobre Seguridad y Salud en las Minas (número 176 de la OIT), hecho en Ginebra el 22 de junio de 1995.

Por cuanto el día 22 de junio de 1995, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio sobre Seguridad y Salud en las Minas,

Vistos y examinados el preámbulo y los 24 artículos que integran dicho Convenio,

Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el artículo 94.1 de la Constitución,

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en el mismo se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, mando expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a 24 de abril de 1997.

- Juan Carlos R. -

El Ministro de Asuntos Exteriores en funciones,
Francisco Álvarez-Cascos Fernández.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Convenio 176

CONVENIO SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS MINAS

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 6 de junio de 1995, en su octogésima segunda reunión;

Tomando nota de los Convenios y Recomendaciones internacionales del trabajo pertinentes, y, en particular, el Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso, 1957; el Convenio y la Recomendación sobre la Protección contra las Radiaciones, 1960; el Convenio y la Recomendación sobre la Protección de la Maquinaria, 1963; el Convenio y la Recomendación sobre las Prestaciones en Caso de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, 1964; el Convenio y la Recomendación sobre la Edad Mínima (trabajo subterráneo), 1965; el Convenio sobre el Examen de los Menores (trabajo subterráneo), 1965; el Convenio y la Recomendación sobre el Medio Ambiente de Trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977; el Convenio y la Recomendación sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores, 1981; el Convenio y la Recomendación sobre los Servicios de Salud en el Trabajo, 1985; el Convenio y la Recomendación sobre el Asbesto, 1986; el Convenio y la Recomendación sobre Seguridad y Salud en la Construcción, 1988; el Convenio y la Recomendación sobre los Productos Químicos, 1990. y el Convenio y la Recomendación sobre la Prevención de Accidentes Industriales Mayores, 1993;

Considerando que los trabajadores tienen la necesidad y el derecho de ser informados, de recibir formación, así como de ser realmente consultados, y de participar en la preparación y la aplicación de medidas de seguridad y salud relativas a los peligros y riesgos presentes en la industria minera;

Reconociendo que es deseable prevenir todo accidente mortal, lesión o menoscabo de la salud de los trabajadores o de la población, o perjuicio al medioambiente que tenga su origen en las operaciones mineras;

Teniendo en cuenta la necesidad de cooperación entre la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, el Organismo Internacional de Energía Atómica y otras instituciones competentes, y tomando nota de los Instrumentos, repertorios de Recomendaciones prácticas, códigos y directrices pertinentes publicados por dichas organizaciones:

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la seguridad y la salud en las minas, tema que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un Convenio internacional,

Adopta, con fecha 22 de junio de 1995. el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre Seguridad y Salud en las Minas, 1995:

PARTE I. DEFINICIONES

Artículo 1.

1. A los efectos del presente Convenio, el término mina abarca:

1. Los emplazamientos, subterráneos o de superficie, en los que se lleven a cabo, en particular, las actividades siguientes:
1. La exploración de minerales, excluidos el gas y el petróleo, que implique la alteración del suelo por medios mecánicos;
2. La extracción de minerales, excluidos el gas y el petróleo;
3. La preparación, incluidas la trituración, la molturación, la concentración o el lavado, del material extraído, y
2. Todas las máquinas, equipos, accesorios, instalaciones, edificios y estructuras de ingeniería civil utilizados en relación con las actividades a que se refiere el apartado a) anterior.

2. A los efectos del presente Convenio, el término empleador designa a toda persona física o jurídica que emplea a uno o más trabajadores en una mina, y, según proceda, al encargado de la explotación, al contratista principal, al contratista o al subcontratista.

PARTE II. ALCANCE Y MEDIOS DE APLICACIÓN

Artículo 2.

1. El presente Convenio se aplica a todas las minas.

2. Previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, la autoridad competente de un miembro que ratifique el Convenio:

1. Podrá excluir de la aplicación del Convenio o de algunas de sus disposiciones ciertas categorías de minas si la protección conferida en su conjunto en esas minas, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, no es inferior a la que resultaría de la aplicación íntegra de las disposiciones del Convenio;
2. Deberá establecer, en caso de exclusión de ciertas categorías de minas en virtud del apartado a) anterior, planes para extender progresivamente la cobertura a todas las minas.

3. Todo miembro que ratifique el presente Convenio y se acoja a la posibilidad prevista en el apartado a) del párrafo 2 anterior deberá indicar, en las memorias sobre la aplicación del Convenio que presente en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, toda categoría específica de minas que hayan quedado excluida y los motivos de dicha exclusión.

Artículo 3.

Teniendo en cuenta las condiciones y la práctica nacionales, y previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, el miembro deberá formular, aplicar y revisar periódicamente una política nacional coherente en materia de seguridad y salud en las minas, en especial, en lo que atañe a las medidas destinadas a hacer efectivas las disposiciones del presente Convenio.

Artículo 4.

1. Las medidas destinadas a garantizar la aplicación del Convenio deberán establecerse por medio de la legislación nacional.

2. Cuando proceda, dicha legislación nacional deberá completarse con:

1. Normas técnicas, directrices o repertorios de recomendaciones prácticas, o
2. Otros medios de aplicación conformes con la práctica nacional,

según lo establezca la autoridad competente.

Artículo 5.

1. La legislación nacional mencionada en el párrafo 1 del artículo 4 deberá designar a la autoridad competente encargada de vigilar y regular los diversos aspectos de la seguridad y la salud en las minas.

2. Dicha legislación nacional deberá contener disposiciones relativas a:

1. La vigilancia de la seguridad y la salud en las minas;
2. La inspección de las minas por Inspectores designados a tal efecto por la autoridad competente;
3. Los procedimientos para la notificación y la investigación de los accidentes mortales o graves, los incidentes peligrosos y los desastres acaecidos en las minas, según se definan en la legislación nacional;
4. La compilación y publicación de estadísticas sobre los accidentes, enfermedades profesionales y los incidentes peligrosos, según se definan en la legislación nacional;
5. La facultad de la autoridad competente para suspender o restringir, por motivos de seguridad y salud, las actividades mineras, en tanto no se hayan corregido las circunstancias causantes de la suspensión o la restricción, y
6. El establecimiento de procedimientos eficaces que garanticen el ejercicio de los derechos de los trabajadores y sus representantes a ser consultados acerca de las cuestiones, y a participar en las medidas relativas a la seguridad y la salud en el lugar de trabajo.

3. Dicha legislación nacional deberá disponer que la fabricación, el almacenamiento, el transporte y el uso de explosivos y detonadores en la mina se lleven a cabo por personal competente y autorizado, o bajo su supervisión directa.

4. Dicha legislación nacional deberá especificar:

1. Las exigencias en materia de salvamento en las minas, primeros auxilios y servicios médicos adecuados;
2. La obligación de proporcionar y mantener en condiciones apropiadas respiradores de autosalvamento a quienes trabajan en minas subterráneas de carbón y, en caso necesario, en otras minas subterráneas;
3. Las medidas de protección que garanticen la seguridad de las explotaciones mineras abandonadas, a fin de eliminar o reducir al mínimo los riesgos que presentan para la seguridad y la salud;
4. Los requisitos para el almacenamiento, el transporte y la eliminación, en condiciones de seguridad, de las sustancias peligrosas utilizadas en el proceso de producción y de los desechos producidos en la mina, y
5. Cuando proceda, la obligación de facilitar y mantener en condiciones higiénicas un número suficiente de equipos sanitarios y de instalaciones para lavarse, cambiarse y comer.

5. Dicha legislación nacional deberá disponer que el empleador responsable de la mina deberá garantizar que, se preparen planos apropiados de la explotación antes de iniciar las operaciones y cada vez que haya una modificación significativa, y que éstos se actualicen de manera periódica y se tengan a disposición en el lugar de trabajo.

PARTE III. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN LA MINA

A) RESPONSABILIDADES DE LOS EMPLEADORES

Artículo 6.

Al adoptar las medidas de prevención y protección previstas en esta parte del Convenio, el empleador deberá evaluar los riesgos y tratarlos en el siguiente orden de prioridad:

1. Eliminar los riesgos;
2. Controlar los riesgos en su fuente;
3. Reducir los riesgos al mínimo mediante medidas que incluyan la elaboración de métodos de trabajo seguros, y
4. En tanto perdure la situación de riesgo, prever la utilización de equipos de protección personal,

tomando en consideración lo que sea razonable, practicable y factible y lo que esté en consonancia con la práctica correcta y el ejercicio de la debida diligencia.

Artículo 7.

El empleador deberá adoptar todas las disposiciones necesarias para eliminar o reducir al mínimo los riesgos para la seguridad y la salud presentes en las minas que están bajo su control, y, en particular:

1. Asegurarse de que la mina se diseña, se construye y se dota de equipos eléctricos, mecánicos y de otra índole, incluido un sistema de comunicación, de tal manera que se garantice una explotación segura y un medio ambiente de trabajo salubre;
2. Asegurarse de que la mina se pone en servicio, se explota, se mantiene y se clausura de modo que los trabajadores puedan realizar las tareas encomendadas sin poner en peligro su seguridad y salud ni las de terceras personas;
3. Adoptar medidas para mantener la estabilidad del terreno en las áreas a las que las personas tengan acceso por razones de trabajo;
4. Establecer, siempre que sea posible, dos vías de salida desde cualquier lugar subterráneo de trabajo, cada una de ellas comunicada con una vía independiente de salida a la superficie;
5. Asegurar la vigilancia, la evaluación y la inspección periódica del medio ambiente de trabajo para identificar los diferentes riesgos a que puedan estar expuestos los trabajadores, y evaluar el grado de exposición a dichos riesgos;
6. Asegurar un sistema de ventilación adecuado en todas las explotaciones subterráneas a las que esté permitido el acceso;
7. En las zonas expuestas a riesgos especiales, preparar y aplicar un plan de explotación, y procedimientos que garanticen la seguridad del sistema de trabajo y la protección de los trabajadores;
8. Adoptar medidas y precauciones adecuadas a la índole de la explotación minera para prevenir, detectar y combatir el inicio y la propagación de incendios y explosiones, e
9. Garantizar la interrupción de las actividades y la evacuación de los trabajadores a un lugar seguro en caso de peligro grave para la seguridad y la salud de los mismos.

Artículo 8.

El empleador deberá preparar un plan de acción de urgencia específico para cada mina destinado a hacer frente a los desastres naturales e industriales razonablemente previsibles.

Artículo 9.

Cuando los trabajadores se encuentren expuestos a riesgos físicos, químicos o biológicos, el empleador deberá:

1. Informar a los trabajadores de manera comprensible de los riesgos relacionados con su trabajo, de los peligros que éstos implican para su salud y de las medidas de prevención y protección aplicables;
2. Tomar las medidas necesarias para eliminar o reducir al mínimo los peligros derivados de la exposición a dichos riesgos;
3. Proporcionar y mantener, sin ningún costo para los trabajadores, el equipo, la ropa, según sea necesario, y otros dispositivos de protección adecuados que se definan en la legislación nacional, cuando la protección contra los riesgos de accidente o daño para la salud, incluida la exposición a condiciones adversas, no pueda garantizarse por otros medios, y
4. Proporcionar a los trabajadores que han sufrido una lesión o enfermedad en el lugar de trabajo primeros auxilios in situ, un medio adecuado de transporte desde el lugar de trabajo y el acceso a servicios médicos adecuados.

Artículo 10.

El empleador deberá velar por que:

1. Los trabajadores dispongan, sin ningún costo para ellos, de programas apropiados de formación y readaptación, y de instrucciones comprensibles en materia de seguridad y salud, así como en relación con las tareas que se les asignen;
2. Se lleven a cabo, de acuerdo con la legislación nacional, la vigilancia y el control adecuados en cada turno que permitan garantizar que la explotación de la mina se efectúe en condiciones de seguridad;
3. Se establezca un sistema que permita saber con precisión y en cualquier momento los nombres de todas las personas que están bajo tierra, así como la localización probable de las mismas;
4. Se investiguen todos los accidentes e incidentes peligrosos, según se definan en la legislación nacional, y se adopten las medidas correctivas apropiadas, y
5. Se presente a la autoridad competente un informe sobre los accidentes e incidentes peligrosos, de conformidad con lo que disponga la legislación nacional.

Artículo 11.

De acuerdo con los principios generales de la salud en el trabajo y de conformidad con la legislación nacional, el empleador deberá asegurarse de que se lleve a cabo de manera sistemática la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a los riesgos propios de las actividades mineras.

Artículo 12.

Cuando dos o más empleadores realicen actividades en una misma mina, el empleador responsable de la mina deberá coordinar la aplicación de todas las medidas relativas a la seguridad y la salud de los trabajadores y tendrá, asimismo, la responsabilidad principal en lo que atañe a la seguridad de las operaciones. Lo anterior no eximirá a cada uno de los empleadores de la responsabilidad de aplicar todas las medidas relativas a la seguridad y la salud de los trabajadores.

B) DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y SUS REPRESENTANTES

Artículo 13.

1. La legislación nacional a la que se refiere el artículo 4 deberá conferir a los trabajadores el derecho a:

1. Notificar los accidentes, los incidentes peligrosos y los riesgos al empleador y a la autoridad competente;
2. Pedir y obtener, siempre que exista un motivo de preocupación en materia de seguridad y salud, que el empleador y la autoridad competente efectúen inspecciones e investigaciones;
3. Conocer los riesgos existentes en el lugar de trabajo que puedan afectar a su salud o seguridad, y estar informados al respecto;
4. Obtener información relativa a su seguridad o salud que obre en poder del empleador o de la autoridad competente;
5. Retirarse de cualquier sector de la mina cuando haya motivos razonablemente fundados para pensar que la situación presenta un peligro grave para su seguridad o salud, y
6. Elegir colectivamente a los representantes de seguridad y salud.

2. Los representantes de seguridad y salud a los que se alude en el apartado f) del párrafo 1 anterior deberán tener, de conformidad con la legislación nacional, derecho:

1. A representar a los trabajadores en todos los aspectos relativos a la seguridad y la salud en el lugar de trabajo, incluido, en su caso, el ejercicio de los derechos que figuran en el párrafo 1 anterior;
2. A:
1. Participar en inspecciones e investigaciones realizadas por el empleador y la autoridad competente en el lugar de trabajo, y
2. Supervisar e investigar asuntos relativos a la seguridad y la salud;
3. A recurrir a consejeros y expertos independientes
4. A celebrar oportunamente consultas con el empleador acerca de cuestiones relativas a la seguridad y la salud, incluidas las políticas y los procedimientos en dicha materia;
5. A consultar a la autoridad competente, y
6. A recibir notificación de los accidentes e incidentes peligrosos pertinentes para los sectores para los que han sido elegidos.

3. Los procedimientos para el ejercicio de los derechos previstos en los párrafos 1 y 2 anteriores deberán determinarse:

1. En la legislación nacional, y
2. Mediante consultas entre los empleadores y los trabajadores y sus representantes.

4. La legislación nacional deberá garantizar que los derechos previstos en los párrafos 1 y 2 anteriores puedan ejercerse sin dar lugar a discriminación ni represalias.

Artículo 14.

La legislación nacional deberá prever que los trabajadores tengan, en función de su formación, la obligación:

1. De acatar las medidas de seguridad y salud prescritas;
2. De velar de manera razonable por su propia seguridad y salud y por la de las personas que puedan verse afectadas por sus acciones u omisiones en el trabajo, incluidos la utilización y el cuidado adecuados de la ropa de protección, las instalaciones y el equipo puestos a su disposición con este fin;
3. De informar en el acto a su jefe directo de cualquier situación que consideren que puede representar un riesgo para su salud o seguridad o para la de otras personas y que no puedan resolver adecuadamente ellos mismos, y
4. De cooperar con el empleador para permitir que se cumplan los deberes y las responsabilidades asignados a éste en virtud de las disposiciones del presente Convenio.

C) COOPERACIÓN

Artículo 15.

Deberán adoptarse medidas, de conformidad con la legislación nacional, para fomentar la cooperación entre los empleadores y los trabajadores y sus representantes, destinadas a promover la seguridad y la salud en las minas.

PARTE IV. APLICACIÓN

Artículo 16.

El miembro deberá:

1. Adoptar todas las medidas necesarias, incluidas sanciones y medidas correctivas apropiadas, para garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones del Convenio, y
2. Facilitar servicios de inspección adecuados, a fin de supervisar la aplicación de las medidas que se hayan de adoptar en virtud del Convenio, y dotarlos de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus tareas.

PARTE V. DISPOSICIONES FINALES

Artículo 17.

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director general de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 18.

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director general de la Oficina Internacional del Trabajo.

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos miembros hayan sido registradas por el Director general.

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada miembro, doce meses después de la fecha en que hayan sido registrada su ratificación.

Artículo 19.

1. Todo miembro que hayan ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director general de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

2. Todo miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y. en lo sucesivo, podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 20.

1. El Director general de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los miembros de la Organización.

2. Al notificar a los miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director general llamará la atención de los miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 21.

El Director general de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario general de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 22.

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 23.

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo Convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo Convenio contenga disposiciones en contrario:

1. La ratificación, por un miembro, del nuevo Convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 19, siempre que el nuevo Convenio revisor haya entrado en vigor;
2. A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo Convenio revisor el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor, en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el Convenio revisor.

Artículo 24.

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

El presente Convenio entró en vigor de forma general y para España el 5 de junio de 1998, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del mismo.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Madrid, 14 de enero de 1999.